Por Mariana Carbajal> Hace unos días en Pueblo San José, una pequeña localidad del partido de > Coronel Suárez, la policía detuvo a Raúl Peña, de 42 años, acusado de > haber matado a golpes a su ex esposa María Cristina Huber, de 41. Como > José Arce, Peña también había sido denunciado por situaciones de > violencia: fue acusado de abusar de dos hijas del matrimonio. La Justicia > le había ordenado no acercarse a menos de 200 metros de la casa en la que > vivían María Cristina y los seis hijos que habían tenido juntos. Pero en > la mañana del 16 de abril, Peña habría violado la prohibición, se habría > acercado a la vivienda y habría discutido con su ex mujer y uno de los > chicos, de 14 años. Luego, habría descargado toda su furia contra ella, > dándole golpes con una plancha de hierro. Y una vez que la vio rendida en > el piso, la habría matado con un bate de béisbol.> Arce no se podía acercar a menos de 300 metros de la casa de El Remanso, > donde vivían Rossana Galliano y los dos hijos de ambos, de 4 y 3 años. Una > jueza lo había dispuesto después de la cuarta denuncia que presentó > Rossana por violencia doméstica. No fue necesario que violara la orden > judicial. No apeló a una plancha de hierro ni a un bate de béisbol: Arce, > según la investigación fiscal, habría contratado sicarios. Pudo mandarla a > matar, siguiendo la acusación, porque tenía plata. Es la privatización de > femicidio.> Otros hombres estrangulan, disparan un arma con su propia mano o apuñalan > a sus parejas o ex esposas para liquidarlas. Algunos, después se suicidan. > Antes, casi siempre, hay otras manifestaciones violentas.> Muchas mujeres viven con esa inseguridad de puertas adentro. Es una > inseguridad histórica, eterna, real, palpable en rostros violáceos de > moretones. Es una inseguridad que conmueve poco o nada a la clase > política, salvo algunas excepciones. La violencia contra las mujeres es > una de las caras más dolorosas de la discriminación y tal vez la violación > más frecuente, silenciada e impune de los derechos humanos. Tiene su raíz > en la desigualdad de género y en el status subordinado de las mujeres en > relación con los hombres en las sociedades.> En el país no se conoce la verdadera cantidad de femicidios. No hay > estadísticas oficiales, a pesar de que el Estado tiene la obligación de > llevar un registro por compromisos internacionales. La flamante Ley 26.485 > de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia > contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones > interpersonales, vuelve a encargarle la tarea, entre múltiples directivas, > que apuntan a instaurar políticas públicas desde el Poder Ejecutivo para > frenar este flagelo. Es una deuda pendiente que se cobra alrededor de > cuatro vidas por semana de mujeres a lo largo de cada año, de acuerdo con > relevamientos de la sociedad civil, en base a noticias periodísticas. Y > deja mujeres vivas, pero muertas por dentro hasta que pueden pedir ayuda y > la consiguen efectivamente. "El asesinato de mujeres es la forma más > extrema del terrorismo sexista. Una nueva palabra es necesaria para > comprender su significado político", escribieron Diana Russell y Jill > Radford casi dos décadas atrás (Femicide. The politics of woman killing, > Revista Ms, Nueva York, 1990), para justificar el uso de "femicidio" para > describir "los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados > por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre > ellas". Es necesario un fuerte compromiso de todos los gobiernos > (nacional, provinciales, municipales) para poder enfrentarlos: trabajar > para desnaturalizar la violencia contra las mujeres es uno de los caminos.>>